18 sept 202033 Min. de lectura

MV #14 Masacre del Laja

La Historia

Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas fueron detenidas en San Rosendo y Laja. Seis fueron aprehendidas en la primera localidad, pero todos llegaron a la Tenencia de Laja, ubicada en Calle Balmaceda Nº 541, donde estuvieron hasta el 17 de septiembre de 1973. A partir del 18, su rastro desapareció. De acuerdo a los funcionarios de este recinto, los prisioneros fueron transferidos al Regimiento de Los Ángeles, lo cual fue rotundamente negado por los militares. Sólo años más tarde sus cuerpos serían encontrados en una fosa clandestina del Cementerio local de Yumbel, donde estaban los restos de 18 de las 19 personas. El otro cuerpo fue encontrado en el fundo “San Juan” donde habían sido enterrados originalmente. Las víctimas eran: Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Luis Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales, Wilson Muñoz Rodríguez, Fernando Grandón Galvez, Jorge Lamana Abarzúa, Rubén Campos López.

El 24 de julio de 1979, ante el Juzgado del Crimen de Laja, los familiares de las víctimas presentaron una querella criminal en contra de: Alberto Fernández Mitchel, (teniente de carabineros de Laja a la fecha de comisión del delito), Evaristo Garcés, Pedro Rodríguez Ceballos (sargento de carabineros), Juan Muñoz (cabo de carabineros) y los funcionarios, Carlos Fritz, Leoncio Olivares, Gercio Saavedra, Luis León, Mario Cerda, Juan Oviedo, Pedro Parra Utreras, José San Martín y otros de apellido Otárola, González y Montoya, (todos con domicilio legal en la Tenencia de Laja en ese entonces) y el civil Israel Ormeño Stuardo, como autores y cómplices de los delitos de secuestro y homicidio calificado”. En 1981 el Tercer Juzgado Militar de Concepción sobreseyó la causa en contra de todos los funcionarios de carabineros y civiles que participaron en estos crímenes.

Según los testimonios entregados a la Comisión Valech, la casi totalidad de detenidos se registró en 1973. En los años siguientes se observaron casos aislados. Se trata de un lugar utilizado como recinto de tránsito de prisioneros políticos, hombres y mujeres, la mayoría de los cuales fueron conducidos posteriormente a la ciudad de Los Ángeles. Allí había distintos centros de detención habilitados, desde el momento del golpe de Estado. En su mayoría los testimonios de los ex presos dicen haber sido conducidos al Regimiento, al Liceo de Hombres o al Gimnasio IANSA (Industria Azucarera Nacional). Los presos políticos fueron sometidos a golpes, aplicación de electricidad, encapuchamiento, amenazas, colgamientos, el submarino, posiciones forzadas y vejaciones.

Criminales y Cómplices:

Carlos Ferrera (Superintendente de la Papelera de Laja); teniente Alberto Fernández Mitchel (Jefe Tenencia Laja); Lisandro Martínez García (Carabineros); Florencio Olivares Dades (Carabineros); Suboficial Pedro Rodríguez Ceballos (Carabineros); Evaristo Garcés Rubilar, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Renike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúl (de San Rosendo) y el civil Israel Ormeño.

Testimonios

Florinda Riquelme Concha, relató el caso de su hermano, Federico Riquelme Concha, 38 años, casado, dirigente sindical, obrero de la Papelera Laja: “El día 13 de septiembre de 1973, en el momento en que mi hermano salía de su trabajo, en la Papelera Laja, fue detenido por una patrulla de Carabineros, al mando, del sargento Pedro Rodríguez. Durante la tarde, mi cuñada Selva Valdebenito fue a avisamos de la detención de mi hermano y que se encontraba en la Tenencia de Laja, donde fue visitado por ella durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. El día 16, el sargento Pedro Rodríguez le entregó algunas pertenencias de mi hermano porque sería trasladado al Regimiento de Los Ángeles. El día 17, al ser visitado por ella, se le informó que mi hermano había sido llevado al Regimiento de Los Ángeles ese día. Desde ese momento acompañé a mi cuñada a los distintos lugares donde había campos de concentración para presos políticos, sin obtener ninguna información de su paradero”.

María Zorrilla Rubio, vivió algo similar con su hermano Jorge Zorrilla Rubio, 25 años, soltero, estudiante, que residía en Argentina: “El día 15 de septiembre de 1973, mi hermano se presentó alrededor de las 15 horas a la Comisaría de Carabineros de San Rosendo, al saber que momentos antes, personal de ese cuartel se presentó en mi domicilio y luego de rodear la casa y allanar su dormitorio se habían retirado. Mi hermano había regresado de Argentina hacía un mes y tenía planeado volver nuevamente a radicarse por mayor tiempo. Al presentarse voluntariamente quedó detenido ese mismo día y junto a otras personas de San Rosendo fue trasladado a la Subcomisaría de Laja. Allí fue visitado por la señora Rosa de Acuña, quien también tenía detenido a su esposo. Con ella le envié ropa y alimentos. El día 18 de septiembre en la mañana ya no estaba en Laja y se informó por el personal de guardia que todos habían sido llevados en la noche al Regimiento Los Ángeles. Desde ese día, mi hermano se encuentra desaparecido”.

José Eleazar Becerra Avello, relató la historia de su hermano, Manuel Becerra Avello, 18 años, estudiante de la Escuela Industrial de Curacautín, domiciliado en Laja: “Mi hermano había viajado desde Curacautín a Laja por razones de tipo familiar y se aprontaba a regresar a esa ciudad en el tren valdiviano que pasa por Laja a las 18 horas. El día 13 de septiembre de 1973, fuimos a dejarlo con mi madre, una prima, mi abuelita y yo. Al momento en que mi hermano se aprestaba a abordar el tren, fue detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Laja. Eran cinco, iban de uniforme y estaban al mando del sargento Rodríguez. Lo subieron al jeep y lo condujeron a la Subcomisaría. Informado mi padre de esta situación concurrió hasta el lugar de su trabajo, las oficinas de Transportes Cóndor y expuso su situación al jefe, Jaime Stocker. Este concurrió a carabineros, pero allí le informaron que no podían ponerlo en libertad porque ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. En vista de esta situación, desde el día 14 en la tarde y durante los días 15, 16 y 17 concurrimos a dejarle alimentación y ropa de abrigo. El día 17 en la tarde nos devolvieron las frazadas, un chaquetón grueso, su documentación y un cinturón sin damos explicación alguna. El día 18 en la mañana cuando se le llevó el desayuno, no estaba en el cuartel, ni él ni el resto de los detenidos”.

Rosa Silva Sanhueza, dio cuenta de lo ocurrido con su marido, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, 28 años, obrero de la Papelera, domiciliado en Laja: “El 13 de septiembre de 1973 fue detenido mi cónyuge en los momentos en que salía del lugar de su trabajo, con un contratista llamado Jorge Pineda. La detención la efectuó Carabineros de la Subcomisaría de Laja quienes se movilizaban en un jeep del Ejército. Entre los aprehensores estaba el sargento Pedro Rodríguez. Esta detención fue presenciada por muchas personas, todos trabajadores de la Papelera que a las 16 horas abandonaban su trabajo. Mi marido era del Partido Socialista y tenía el cargo de director de un sindicato. Desde el 14 de septiembre y hasta el 17 en la tarde lo vi detenido porque concurrí a dejarle comida. Estaban también detenido Juan Villarroel y Luis Ulloa a quienes conocía por ser compañeros de trabajo de mi esposo. Me contó que lo habían interrogado y estaba muy nervioso y preocupado. Me manifestó que nada sabía de la suerte que correrían. La última vez que lo vi fue el 17 de, septiembre de 1973 cerca de las cinco de la tarde. Le llevé onces y ropa. El día, a las 8 horas le llevé el desayuno. Un carabinero de guardia me dijo que los habían llevado a Los Ángeles, al Regimiento”.

María Inés Herrera Zapata, no tuvo distinta suerte con su marido, Fernando Grandón Galvez, 34 años, obrero de la Papelera Laja, domiciliado en la localidad de Millantú: “El día 14 de septiembre me trasladé a Laja para visitar a mi marido, donde él permanecía durante la semana por ser su lugar de trabajo. En ese momento me informaron que se encontraba en el recinto de la Papelera ejerciendo sus labores. Llegué hasta la puerta donde había gendarmes registrando a todas las personas, por lo que me decidí a esperar la salida del turno de las 16 horas. Mientras lo hacía, salieron tres jeeps conducidos por carabineros con algunas personas en su interior. Al no encontrar a mi esposo, le consulté a otras personas, uno de ellos me informó que había sido detenido por el sargento Pedro Rodríguez. Me dirigí a la Tenencia de Laja para consultar y entregarle ropa y alimentos, en un primer momento me negaron su detención, por lo que insistí aduciendo haberlo visto, por lo que de inmediato lo hicieron salir a la sala de espera. Estuve con él cinco minutos y me dijo que lo habían detenido por ser comunista. Al día siguiente fui de nuevo autorizada para entrevistarme con él y se me informó que permanecería detenido diez días al cabo de los cuales sería puesto en libertad. Así transcurrieron los tres días en que pude verlo. El día 17 fui a verlo de nuevo a las 13 horas y se me informó que ya no estaba en la Tenencia y que durante la madrugada había sido trasladado a Los Ángeles. Fui hasta allá pero no obtuve ninguna información”.

Clara Rebolledo Pinto, cuñada de Rubén Campos López, 39 años, profesor primario, regidor de la Municipalidad de Laja por el Partido Socialista, dio cuenta de la situación que lo afectó: “El día 16 de septiembre alrededor de las 16 horas visitaba a mi hermana, Ana y a mi cuñado Rubén, quien se encontraba bastante nervioso y preocupado. A esa hora se presentó el sargento de carabineros, Pedro Rodríguez Ceballos, de uniforme y sin armas, se hacía acompañar de otros carabineros, pero no ingresaron a la casa. Rodríguez pidió amablemente hablar con Rubén Campos, llegando hasta el dormitorio, donde le informó que por nuevas órdenes llegadas desde Los Ángeles debía presentarse a la Tenencia de Laja. Como mi cuñado demorara en arreglarse y pasara al baño, el sargento Rodríguez se sentó en la cama y conversó amablemente con los que allí nos encontrábamos. Cerca de media hora después se retiró con Rubén. Al día siguiente, mi hermana llegó muy temprano a avisarme que Rubén no estaba en la Tenencia y que había sido enviado a Los Ángeles junio a los demás de Laja”.

Flor María Hernández Villablanca, declaró acerca de la situación de su cónyuge Juan Villarroel Espinosa, 33 años, obrero de la Papelera, dirigente sindical, domiciliado en Laja: “Fue detenido el 14 de septiembre de 1973 en el mismo lugar de su trabajo por una patrulla de carabineros que se movilizaba en un jeep de la Papelera. La esposa de don Heraldo Muñoz, también detenido en esa época, me informó que al ir a ver a su marido se había percatado que el mío también estaba detenido. Junté algunas ropas y algo de comer y fui hasta la Subcomisaría. Nada me recibieron pues me indicaron que era hora de toque de queda. Sentí temor de ir nuevamente porque esa vez me habían amenazado con detenerme así que no regresé hasta el 18 de septiembre cuando le llevé el desayuno. No encontré a nadie. La señora de Muñoz me dijo que no estaban allí, que el carabinero de guardia le había informado que los habían llevado a Los Ángeles”.

Ruth del Carmen Medina Neira, pasó por algo similar con su marido Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo: “El 15 de septiembre de 1973, como a las 15:30 horas, fue detenido en la puerta de nuestra casa, por personal de Carabineros de Laja acompañado por el cabo Castillo, de dotación de San Rosendo y al mando del teniente Fernández Mitchel, de Laja. Lo llevaron a la Tenencia de San Rosendo y luego a Laja junto a otros cinco detenidos más entre los que figuraban Juan Acuña y Dagoberto Garfias. El día 17 fui personalmente a dejarle almuerzo a Laja acompañada de mi cuñado y de mi hijo mayor. Ahí conversamos con él un rato y nos comunicó que en la tarde serían llevados a Los Ángeles. Se encontraba muy agitado, era enfermo del corazón y la noche anterior lo habían tenido que sacar al patio a tomar aire tres veces. En esa oportunidad había unos treinta detenidos más, la mayoría gente conocida de Laja. El día 18 cuando concurrí a verlo, me informaron que se los habían llevado a Los Ángeles y desde entonces no he tenido noticias de él”.

Rosa Edith Barriga Pérez, esposa de Juan Acuña Concha, 33 años, maquinista de la Empresa de Ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo, relató: “Mi marido fue detenido el 15 de septiembre de 1973, por una patrulla de Carabineros de Laja, al mando del teniente Fernández Mitchel y el sargento Pedro Rodríguez. Golpearon la puerta y salí a abrir, uno de ellos me preguntó si allí vivía Juan Acuña y al dar una respuesta afirmativa, uno me empujó cayendo sentada en un sillón. Cinco de ellos ingresaron a la casa, los otros permanecieron afuera custodiando a Dagoberto Garfias. Mi marido terminaba de vestirse, bajó y los enfrentó. Como los niños lloraban, le dijeron que sólo lo necesitaban para unas declaraciones y que regresaría de inmediato. A continuación, se lo llevaron. Esto ocurrió alrededor de las cinco de la tarde. Lo llevaron a la comisaría de San Rosendo y luego a la de Laja. Al día siguiente, viendo que no regresaba, fui a las 7 de la mañana a dejarle desayuno. Me acompañó mi suegro y mi cuñada. Al entregarle el desayuno pude conversar con él. Me dijo que en la comisaría de San Rosendo los habían castigado a todos, a él le enterraron un abrelatas en las caderas y en los muslos. Se encontraba muy nervioso y demostraba mucho temor. También estaban Jorge Zorrilla y Luis Araneda. Personalmente le di desayuno y comida a Zorrilla en varias oportunidades cuando su familia se retrasaba. La última vez que vi a mi cónyuge fue el 17 de septiembre, alrededor dé las seis 4 la tarde. El 18 en la mañana fui con el desayuno. Cruzando el puente me encontré con Manuel Vega, quien regresaba de Laja y me manifestó que ya no estaban, en la Comisaría. Sin embargo, igual fui y en efecto no había nadie. El sargento Rodríguez me informó que ya no estaban pues los habían llevado en la madrugada a Los Ángeles”.

Berta Elena Contreras Silva, madre de Oscar Sanhueza Contreras, 23 años, soltero, profesor básico, domiciliado en San Rosendo, contó sobre su detención: “Fue detenido en su casa, el 15 de septiembre de 1973, por carabineros de Laja comandados por el teniente Alfredo Fernández Mitchel y el sargento Pedro Rodríguez. Fue llevado a la Comisaría de Laja junto a Mario Jara, Juan Acuña, Luis Araneda, Dagoberto Garfias y Jorge Zorrilla. Durante los días 15 y 16 de septiembre lo visité en la Subcomisaría de Laja y se me permitió llevarle alimentos y ropa. El día 17 fui como de costumbre a dejarle desayuno alrededor de las 8 y me encontré que todas las dependencias de la Subcomisaría estaban desocupadas. Un carabinero de guardia me informó que los habían llevado a la ciudad de Los Ángeles, más precisamente al Regimiento”

Carmen Ulloa Sandoval, vivió la detención de su padre, Luis Ulloa Valenzuela, 51 años, obrero, domiciliado en Laja: “Fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 por carabineros de la de Laja. Personalmente fui a dejarle ropa alrededor de las 16 horas, me permitieron pasar y ayudarle a cambiarse. Pude comprobar que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Fui a verlo hasta el 17 y siempre se me permitió verlo y conversar con él. El día 18 concurrí a entregarle unas empanadas que le había encargado, pero no lo encontré. Me informaron que, a la una de la madrugada, en una micro, habían sido llevados al Regimiento de Los Ángeles”.

Rosa Soto relató el caso de su marido, Jack Gutiérrez Rodríguez, 45 años, obrero contratista de la Papelera, domiciliado en Laja: “Cuando salía de su turno en la Papelera, a las 16 horas del 13 de septiembre de 1973, fue detenido. La detención afectó también a Heraldo Muñoz, y fue hecha por carabineros de la Subcomisaría de Laja al mando del sargento Rodríguez. Avisada por un vecino, me presenté a la unidad y el sargento Rodríguez me confirmó la detención. Más tarde le fui a dejar ropa y comida, cosa que hice durante los días 14, 15, 16 y 17. El 18 fui temprano a dejarle desayuno y me encontré con que el personal de guardia lavaba el piso, paredes y el furgón. No había ningún detenido. Un carabinero me dijo que en la madrugada se habían llevado a todos los detenidos a Los Ángeles.

Zoila Jara Lizama, madre de Mario Jara Jara, 21 años, estudiante, domiciliado en San Rosendo, declaró sobre el caso de su hijo: “Carabineros de la Subcomisaría de San Rosendo lo detuvo el día 15 de septiembre de 1973 en mi casa. Iban armados con metralletas y se introdujeron hasta la cocina de nuestra casa. Luego fue entregado a una patrulla perteneciente a Laja, que comandaba el teniente Alberto Fernández Mitchel junto al sargento Pedro Rodríguez y llevado a Laja junto a otros cinco detenidos. Don Manuel Vega lo visitaba y le llevaba alimentos y ropa. Yo no pude hacerlo personalmente pues me encontraba gravemente enferma. El último día que lo vimos allí fue el 17 de septiembre cuando le llevamos once. El 18 de septiembre le envié temprano una comida especial por la fecha que se celebraba, pero cuando Manuel Vega cruzaba el puente desde San Rosendo a Laja, se encontró con un grupo de señoras que regresaban de Laja llorando y le dijeron que ya no estaban en la Subcomisaría, pues los habían llevado a Los Ángeles”.

María Eugenia Zúñiga Oñate, esposa de Dagoberto Garfias Gatica, 23 años, obrero electricista de la Papelera, domiciliado en San Rosendo, relató la detención de su marido: “Fue detenido alrededor de las 16 horas, del 15 de septiembre de 1973, en el lugar donde vivíamos. Mi esposo había bajado al primer piso al baño y como demorara yo bajé y me contaron que carabineros que se había hecho presente en busca de Mario Chávez, lo detuvo. Informada de la detención me trasladé al retén de San Rosendo para inquirir detalles, pero como a una cuadra había carabineros con metralleta que impedían el paso por lo que me devolví. Como al día siguiente supe que lo habían trasladado a Laja, fui a dejarle ropa y comida. Pude conversar con él y lo estuve visitando hasta el 17 en la tarde, que fue la última vez que lo vi. Le pregunté por qué estaba detenido y me dijo que no sabía, que ni siquiera le habían preguntado el nombre ni lo habían interrogado como a los demás. El 18 en la mañana fui nuevamente a dejarle desayuno, pero me informaron que había sido trasladado con otro grupo al Regimiento de Los Ángeles. Fui hasta allá, pero no pude ubicarlo”.

Wilma Macaya Barrales, presenció la detención de su hermano Alfonso Macaya Barrales, 32 años, casado, comerciante, domiciliado en Laja: “A mi hermano lo detuvieron el 15 de septiembre de 1973, con anterioridad, o sea el 13, él mismo se había ido a entregar a carabineros, entonces lo fueron a dejar a la casa de su suegro. Posteriormente, el 15 lo fueron a detener a la casa. Cuando fui a verlo a la Comisaría encontré que allí había otros detenidos. El día 17 fue el último día que lo vi, pues lo sacaron al patio a tomar once y estuvimos juntos muchos familiares con ellos. El 18 en la mañana, se nos avisó que habían sido llevados a Los Ángeles, fui allá, pero en el Regimiento se nos dijo que jamás habían sido recibidos allí”.

Marta Elena Herrera Rojas, madre de Juan Jara Herrera, 16 años, soltero, estudiante, domiciliado en Laja, relató su caso: “Mi hijo fue detenido el 16 de septiembre de 1973, a las 16 horas por carabineros de Laja. Fue llevado a la Subcomisaría y cuando quise dejarle alimentos y café no se me dejó. Ni siquiera pude verlo, por lo que recurrí a la telegrafista del correo que era la única persona que podía entrar. El 16 en la tarde ella lo vio entre los detenidos. El 18 fui muy temprano a ver a mi hijo para llevarle desayuno. Fui una de las primeras en llegar y me encontré que estaban baldeando el cuartel. El sargento Rodríguez me comunicó que todos los detenidos habían sido llevados a Los Ángeles, sin darme otra explicación”.

Gloria Urra Parada, recordaba la detención de su hermano Raúl Urra Parada, 23 años, casado, obrero de la Papelera, domiciliado en Laja: "Mi hermano fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en la Papelera. Fue llevado a la Subcomisaría. Estuvo allí hasta el 17, durante ese tiempo pudimos llevarle comida y ropa. Con eso tuvimos un poco de tranquilidad, aunque mi mamá igual lloraba. El día 18 cuando fuimos a verlo otra vez nos dijeron que no estaba, que lo habían llevado a Los Ángeles. Recorrimos muchos lugares buscándolo, pero no pudimos encontrarlo”.

Elsa Mundaca Beltrán, relató el caso de su esposo Wilson Muñoz Rodríguez, 26 años, obrero de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, domiciliado en Laja: “Fue detenido el 13 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, cuando salía de su trabajo junto a Heraldo Muñoz y Fernando Grandón, también detenidos en la oportunidad. La detención la efectuó personal de Carabineros de la Tenencia de Laja quienes se movilizaban en un jeep del Ejército yendo fuertemente armados. Todos obedecían órdenes del sargento Pedro Rodríguez. Lo visité hasta el 17 en horas de la tarde. Cuando volví al día siguiente me dijeron que ya no estaba, que se los habían llevado a Los Ángeles”.

Ximena Lamana Abarzúa, habló de la detención de su hermano Jorge Lamana Abarzúa, 27 años, soltero, obrero de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, domiciliado en Laja: “El día 15 de septiembre de 1973, al atardecer Jorge se entregó voluntariamente en la Tenencia de Laja acompañado por el párroco del pueblo, sacerdote Felix Eicher, pues sabía que era buscado por el sargento Pedro Rodríguez. El día 16 lo visité en la Tenencia y pedí autorización al teniente Alberto Fernández para conversar con él lo cual me fue autorizado. Al otro día volví a verlo y le dejé alimentos y ropa. Pero el 18 cuando regresé para entregarle desayuno, pude comprobar que ni Jorge ni el resto de los detenidos estaban en la unidad. Allí se me informó que habían sido trasladados al Regimiento de Los Ángeles, lo que nunca aconteció”.

Más Historia y Testimonios

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas fueron detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo. Seis años después, sus cuerpos aparecieron en una fosa clandestina del cementerio de Yumbel. Fue uno de los casos impactantes de violación a los derechos humanos ocurrido en la región del Bío-Bío y que aún está en el recuerdo.

- Quiero ver a mi papá, Jack Gutiérrez -demandó Mirta al sargento Pedro Rodríguez en la Tenencia de Laja, aquel 13 de septiembre de 1973. - Aquí no hay ningún Gutiérrez detenido -le replicó el funcionario. - Yo sé que está aquí y quiero verlo -porfió ella. - Sí, está aquí -reconoció por fin Rodríguez- pero ése vivo de aquí no va a salir. - ¿Por qué lo detuvo? ¿Está acusado de matar a alguien o algo así? - Son cosas mías. Yo sé lo que tengo que hacer con todos estos que tengo aquí. -le contestó con prepotencia el sargento-. - No te aseguro que éste va a salir vivo de aquí- remachó.

Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, 45 años, había sido detenido el 13 de septiembre de 1973, cuando salía de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja, después de cumplir su jornada laboral. El hecho ocurrió a las 16:30 horas. Gutiérrez junto a Heraldo Muñoz Muñoz caminaban rumbo a sus hogares, cuando fueron interceptados por una patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez, que en un jeep del Ejército se los llevó a la Tenencia local. Un vecino alertó a Rosa Soto, cónyuge de Jack Gutiérrez, la que de inmediato se dirigió a la unidad policial, donde el propio sargento Rodríguez le confirmó la detención. Pudo entregarle ropa que llevaba y en la noche regresó con comida. Así lo hizo todos los días hasta el 18. Ese día, la señora Rosa llegó temprano a dejarle el desayuno a su esposo, pero pronto se dio cuenta que las dependencias de la Tenencia estaban desocupadas y que un funcionario de apellido Montoya estaba lavando paredes y pisos. “Me pareció que el agua que salía de adentro tenía sangre, porque estaba medio colorosa, así como cuando se lava un ladrillo. Me vino como un hielo por todo el cuerpo”.

- Mi marido ¿dónde está? -le preguntó al carabinero que no le daba la cara. - Los llevaron pa’ Los Ángeles -le respondió siempre dándole la espalda. - ¿Y en qué parte de Los Ángeles los van a dejar? - En el Regimiento -fue lo único que le dijo.

A la salida, Rosa Soto se encontró con otra señora que le confirmó que adentro no había nadie y que, según carabineros, todos los detenidos habían sido llevados a Los Ángeles. Abordó el bus de las 13 horas y en el Regimiento vio la lista de las personas que habían recibido, pero no figuraba ninguno de los detenidos de Laja. - Los habrán llevado pa’ la cárcel -le dijeron. Pero tampoco estaban allá. - Deben estar en el estadio y si están los va a ver de lejos porque es chico -le aseguraron. Antes de que su bus partiera, la señora Rosa fue al estadio. No vio a su marido ni tampoco a alguno de los conocidos que había visto en la Tenencia de Laja. Varios días después regresó a Los Ángeles, sin lograr nada. Incluso envió ropa para su marido a la Isla Quiriquina, pero ocho días después se la enviaron de vuelta.

“Anduvimos pal sur, en Chillán, en Santiago, fuimos a preguntar a muchas partes, pero no, no estaban...Por esos días, aquí ya se corrían rumores de que los habían muerto...”

En San Rosendo, localidad vecina, separada por un puente ferroviario, se vivía algo similar. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas fueron detenidas en San Rosendo y Laja, Seis fueron aprehendidas en la primera localidad, pero todos llegaron a la Tenencia de Laja donde estuvieron hasta el 17. A partir del 18, su rastro desapareció. Las historias se sucedían con escalofriante similitud: Florinda Riquelme Concha, relató el caso de su hermano, Federico Riquelme Concha, 38 años, casado, dirigente sindical, obrero de la Papelera Laja: “El día 13 de septiembre de 1973, en el momento en que mi hermano salía de su trabajo, en la Papelera Laja, fue detenido por una patrulla de Carabineros, al mando del sargento Pedro Rodríguez. Durante la tarde, mi cuñada Selva Valdebenito fue a avisarnos de la detención de mi hermano y que se encontraba en la Tenencia de Laja, donde fue visitado por ella durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. El día 16, el sargento Pedro Rodríguez le entregó algunas pertenencias de mi hermano porque sería trasladado al Regimiento de Los Ángeles. El día 17, al ser visitado nuevamente por ella, se le informó que mi hermano había sido llevado al Regimiento de Los Ángeles ese día. Desde ese momento acompañé a mi cuñada a los distintos lugares donde había campos de concentración para presos políticos, sin obtener ninguna información de su paradero”.

Ruth del Carmen Medina Neira, pasó por algo similar con su marido Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de Ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo: “El 15 de septiembre de 1973, como a las 15:30 horas, fue detenido en la puerta de nuestra casa, por personal de Carabineros de Laja acompañado por el cabo Castillo, de dotación de San Rosendo y al mando del teniente Fernández Mitchel, de Laja. Lo llevaron a la Tenencia de San Rosendo y luego a Laja junto a otros cinco detenidos más entre los que figuraban Juan Acuña y Dagoberto Garfias. El día 17 fui personalmente a dejarle almuerzo a Laja acompañada de mi cuñado y de mi hijo mayor. Ahí conversamos con él bastante rato y nos comunicó que en la tarde serían llevados a Los Ángeles. Se encontraba muy agitado, era enfermo del corazón y la noche anterior lo habían tenido que sacar al patio a tomar aire tres veces. En esa oportunidad había unos treinta detenidos más, la mayoría gente conocida de Laja. El día 18 cuando concurrí a verlo, me informaron que se los habían llevado a Los Ángeles y desde entonces no he tenido noticias de él”.

Investigación Secreta

A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez le contó a la abogada Martita Wörner (ambas trabajaban en el departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción) que tenía antecedentes suficientes para afirmar que al menos veinte personas que habían sido detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo a mediados de septiembre del ‘73, estaban inubicables. Le dijo que había algunos testimonios que indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Fue así como ambas profesionales decidieron investigar el tema y durante varias semanas, los días domingo, viajaron a la zona a tomar contacto con los familiares. Lo hicieron sin avisarle a nadie. El asunto no dejaba de ser riesgoso. Algunas veces viajaban con un colega que las llevaba en su citroneta. Pero en otras ocasiones, las más numerosas, lo hacían en tren. Entonces, se bajaban en San Rosendo y cruzaban el puente ferroviario a Laja. Muchas veces lo hicieron con un fuerte temporal de viento y lluvia. Fue una labor de gran sigilo y que requirió mucha paciencia. Hablaron con el párroco de Laja, Félix Eicher y consiguieron que les prestara un lugar en la parroquia para reunirse con los familiares, principalmente mujeres. Lo hacían con el pretexto de conversar sobre algunos temas y así pudieron, lentamente, ganarse la confianza que necesitaban para avanzar en la investigación. Pero como se trataba de un pueblo chico, no tardó mucho en saberse que estas dos mujeres que llegaban de Concepción andaban en algo. Carabineros pronto se dio cuenta que algo pasaba cuando los familiares de los detenidos empezaron a concurrir regularmente a la parroquia, todos los fines de semana. La vigilancia a que estuvieron sometidas no las amedrentó. Después de más de ocho meses de viajes secretos y cuando ya habían contactado a 19 familiares cuyos antecedentes obraban en su poder, decidieron hablar con Jorge Barudi, a la sazón director del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción. - Cuando se lo contamos -rememoraba Martita Wörner- primero hizo un tremendo berrinche porque había sido una cuestión demasiado osada e intrépida. Pero él estaba tanto o más interesado que nosotras en el tema y rápidamente del berrinche pasó a la acción y nos preparamos para la querella que había que presentar ante los tribunales. Así, el 24 de julio de 1979, ante el Juzgado del Crimen de Laja, María Inés Herrera Zapata, Ximena Lamana Abarzúa, Ana Luisa Rebolledo Pino, Marta Parada Véjar, Marta Elena Herrera Rojas, Graciela Sandoval Esparza, Berta Elena Contreras Silva, Alma Celeste Garfias Gatica, Ruth Medina Villagra, Rosa Edith Barriga Pérez, Zoila Jara Lizama, Flor María Hernández Villablanca, Rosa Silva Sanhueza, Selva Valdebenito Bris, Laura Zorrilla Rubio y María Avello Espinoza, presentaron una querella criminal en contra de Alberto Fernández Mitchel, teniente de carabineros de Laja a la fecha de comisión del delito, Evaristo Garcés, Pedro Rodríguez Ceballos, sargento de carabineros, Juan Muñoz, cabo de carabineros y los funcionarios, Carlos Fritz, Leoncio Olivares, Gercio Saavedra, Luis León, Mario Cerda, Juan Oviedo, Pedro Parra Utreras, José San Martín y otros de apellido Otárola, González y Montoya, “todos con domicilio legal en la Tenencia de Laja en ese entonces, y de aquellos otros que aparezcan responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de secuestro y homicidio calificado “de Fernando Grandón Galvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Luis Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio y Manuel Becerra Avello. A ellos se sumaron Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales y Wilson Muñoz Rodríguez.

Se Inicia La Investigación

Caratulado bajo el rol 2.770 “Delito de secuestro de Fernando Grandón y otros”, el juez de Laja, Lupercio Fuentes ofició a diversas instituciones civiles y armadas para aclarar los hechos. Con fecha 8 de agosto de 1979, remitió a la Prefectura de Investigaciones de Los Ángeles, una orden para investigar lo ocurrido. Las primeras indagaciones no fueron fáciles. Nadie parecía conocer a las víctimas y los organismos consultados –Carabineros, Ejército- negaban haber emitido órdenes de detención en su contra. Incluso el ministro del Interior de la época, Sergio Fernández fue consultado: “La consulta de ese tribunal incidiría en la presunta detención de los nombrados, por efectivos de Carabineros de Laja, entre los días 11 y 17 de septiembre de 1973...Sobre el particular, cúmpleme expresar a US. que, revisadas las nóminas de personas detenidas conforme a la facultad del Estado de Sitio, vigente en aquel entonces, no figuran los ciudadanos señalados, ni hay constancia de haberse dictado orden o resolución alguna en su contra”.

Ministro en Visita

En vista que la investigación avanzaba con lentitud y que se tenían antecedentes que revelarían con claridad dónde habrían sido enterrados los restos de las 19 personas que hasta entonces aparecían como desaparecidas, el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción, decidió una nueva acción. Apoyándose en un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, del 21 de marzo de 1979, que ordenaba designar Ministros en Visita Extraordinaria en cinco departamentos del país, mencionando específicamente a la Corte de Apelaciones de Concepción, es que el 7 de agosto de ese año se solicitó que un ministro de rango especial investigara la situación de los detenidos y desaparecidos de Laja y San Rosendo. Quince días después, el tribunal de alzada penquista reunido extraordinariamente, presidido por el ministro Víctor Hernández Rioseco y con las asistencia de Carlos Cerda Medina, Enrique Tapia Witing, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, Luis Rodríguez Salvo y Ana Espinosa Daroch, “tomó conocimiento de la petición de designación de un Ministro en Visita hecha por don Jorge Barudi Videla, secretario ejecutivo del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción y acordó designar al Ministro José Martínez Gaensly para que se avoque al conocimiento y fallo del proceso rol Nº 2.770 del Juzgado de Letras de Laja por secuestro y homicidio de Fernando Grandón Galvez y otros”. Con los antecedentes que ya se habían acumulado en el proceso, el ministro Martínez Gaensly se constituyó en el Juzgado de Letras de Laja para cumplir su cometido. Había que ratificar las declaraciones juradas y citar a declarar a muchas personas, entre familiares, testigos y funcionarios de carabineros mencionados en las querellas. Uno de los aspectos que quiso precisar el ministro, fue dónde estaban los carabineros aludidos en la querella. Para ello solicitó la información que le fue entregada Por el Prefecto de BíoBío, teniente coronel, Osvaldo Leyton Grob.

La Fosa Clandestina

A esas alturas ya empezaba a hacerse más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y que sus cuerpos habían sido enterrados clandestinamente en algún lugar cercano a Laja, de donde fueron exhumados para luego ser trasladados, también en forma ilegal al Cementerio de Yumbel. Voces anónimas empezaron a aportar datos que se fueron sumando al proceso: se hablaba que en la zona cercana al fundo El Dorado, una noche se escuchó ruido de balas. Que, en ese mismo lugar, se hallaron restos de vestimenta y calzado industrial. De muchas personas se había escuchado hablar de la sepultura clandestina en el cementerio de Yumbel. Con más precisión, un vecino relató que pudo comprobar en la puerta del camposanto yumbelino huellas de un camión que habría bordeado sus muros por el lado sur, donde no había cerco, para ubicarse en la pared oriente. En ese lugar, los rastros se hicieron más notorios, incluso había trozos de cables de arrastre y un zapato industrial. Hacia fines de septiembre, el Ministro en Visita escuchó las declaraciones de algunos de los carabineros que aparecían como autores de las detenciones en Laja y San Rosendo. Florencio Osvaldo Olivares Dade, cabo segundo, 31 años, que prestaba servicios en la Tenencia de Laja desde 1971, declaró el 26 de septiembre de 1979: “En la mayoría de las ocasiones me correspondió intervenir en las patrullas de detención de activistas políticos con motivo del pronunciamiento militar, de tal manera que no recuerdo el nombre de aquellas personas que eran detenidas, solamente conocía al alcalde, José Arcadio Fica, al profesor Rubén Campos y a Oscar Sanhueza Contreras, con quien fui compañero de curso e incluso su mamá me preguntó por él y no le pude dar respuesta porque no lo vi en el cuartel. De las detenciones que se hacían se trataba de mantenerlos el mínimo en la unidad dado el poco espacio con que contábamos y por eso eran remitidos rápidamente a Los Ángeles, ya sea por intermedio de las patrullas volantes que venían de allí, del Ejército y por intermedio del microbús que la Papelera había puesto a nuestra disposición... De los detenidos que dicen que fueron ajusticiados en el trayecto a Los Ángeles, solamente me he impuesto por los comentarios de diarios y personas, pero ignoro también si fueron transportados por militares o carabineros”.

La Exhumación

No fue necesario excavar mucho. A poco más de un metro de profundidad, empezaron a aparecer las osamentas: huesos y calaveras, además de restos de ropa, zapatos, cinturones e incluso una cédula de identidad. Era la mañana del martes 2 de octubre de 1979. A las 11 horas había llegado hasta el Cementerio Viejo de Yumbel, el ministro en visita José Martínez Gaensly. Pocas personas lo acompañaban. La diligencia que iba a practicar era de tal importancia, que mientras menos se divulgara mayor garantía podría haber de lograr un buen resultado. Por eso, sólo fueron avisados el médico legista, César Reyes, el sacerdote Pedro Campos, el comisario de Investigaciones de Los Ángeles, Homero Urzúa y el secretario titular del Juzgado de Letras de Yumbel, Jorge Urrutia. También concurrió personal asesor y del cementerio. Por el pasillo central del cementerio, el grupo llegó al fondo de éste, hasta el muro que lo separa del exterior. Adosada a esa pared, al lado derecho y a cinco metros del fin del camino, se sitúa la tumba de la familia Patrito-Ghiotti. Entre ésta y el camino se inició la excavación de una fosa de dos metros de ancho por tres de largo y un metro de profundidad. - Realmente transpiramos harto. Fueron casi tres horas que estuvimos excavando el pozo -relató José Ricardo Morales, 52 años, sepulturero del cementerio quien, junto a otros dos obreros cedidos por la Parroquia, participaron en esa labor. A medida que avanzaba la excavación, fueron apareciendo osamentas humanas correspondientes a 18 personas. Se encontraron también 17 calaveras completas, algunas incluso con pelo en la cabeza, según consta en el acta levantada en la ocasión. “Seguidamente se procedió por el doctor Reyes a clasificar los huesos largos del cuerpo humano, especialmente los fémures, lográndose encontrar los pares pertenecientes a 18 personas. Luego de la clasificación anterior se procedió a guardar todos los restos allí encontrados, embalándolos en bolsas plásticas y de cartón, siendo remitidos al Instituto Médico Legal de Concepción, para su examen de rigor”. A las 13:15 horas, la diligencia había terminado.

Berta Elena Contreras, 54 años, aguardaba con relativa calma en una pequeña oficina del Juzgado de Laja, la llegada del Ministro en Visita. Había otras mujeres en el lugar. Eran las 11 de la mañana del miércoles 3 de octubre. Algunos periodistas ya rondaban por el recinto. Con voz quebrada por la emoción, la señora Berta habló: “Cuando supe que habían sido encontrados los cadáveres sentí no sé qué. Tal vez por el hecho de que yo estoy muy ligada a la iglesia y voy siempre, sólo pude decir con emoción: ¡Gracias mi Dios! ¡Gloria a Dios por haber permitido que apareciera mi hijo! ...” El recuerdo de lo ocurrido en Lonquén, rondaba fuerte entre los familiares de Laja y San Rosendo. En noviembre de 1978 un informante anónimo había denunciado a la Iglesia Católica la existencia de un entierro clandestino en unos hornos, en la localidad de Lonquén, a unos 14 kilómetros de Talagante, en la provincia de Santiago. Verificada la denuncia, el 1º de diciembre se hizo la presentación ante la Corte Suprema que instruyó a la Corte de Apelaciones para que nombrara un Ministro en Visita. La designación recayó en el magistrado Adolfo Bañados. Los restos fueron exhumados y en febrero de 1979, parientes de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo iniciaron el reconocimiento. Se determinó que los cadáveres pertenecían a 15 personas que habían sido detenidas por carabineros de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, la tragedia se prolongó hasta el final. Mientras los familiares esperaban las urnas para una misa en la Iglesia Recoleta Franciscana de Santiago, el fiscal militar Gonzalo Salazar había dado la orden para que los restos fueran enterrados en una fosa común del Cementerio de Isla de Maipo. En Laja y San Rosendo, nadie quería que ocurriera lo mismo. Por eso, apenas supieron de la exhumación de 18 cadáveres en el Cementerio de Yumbel, los familiares empezaron a llegar al Juzgado de Laja para que el Ministro en Visita les entregara la versión oficial.

La mañana del viernes 5 de octubre, numerosos familiares aguardaban en el Instituto Médico Legal de Concepción el momento en que entrarían a reconocer los restos exhumados de Yumbel. Hubo dolor, llanto, histeria, emoción... - ¡Lo reconocí! ¡Ahí está mi Choti! le toqué su cabecita. Él tenía todos los dientes de oro. ¡Por Dios, señor, por qué será esta injusticia tan grande!? Quiero que me lo entreguen... tienen que entregármelo -lloraba desconsolada Rosa Barriga, esposa de Juan Acuña Concha, maquinista de Ferrocarriles, en San Rosendo. - Al tiro encontré su pantalón verde rayado y un pedazo de su chaquetón de castilla. Tienen que entregarme sus huesos, no pueden quedarse con ellos. Que castiguen a los culpables -decía entre sollozos Graciela Sandoval, quien, sostenida por otras personas, aseguraba haber reconocido a su esposo Luis Armando Ulloa. Por su dentadura con dos chispas de oro y parte de su pantalón, Flor María Hernández logró identificar a su marido, Juan Villarroel. Marta Herrera encontró el crucifijo de plata de su hijo, Juan Carlos Herrera. Mientras proseguían las gestiones para identificar completamente los restos de los 18 cadáveres exhumados, el ministro Martínez avanzaba con la investigación. Había que seguir investigando. Faltaba por encontrar el cuerpo de uno de los detenidos desaparecidos denunciados en la querella. En ese afán, el ministro Martínez siguió tomando declaraciones a testigos y a personas que pudieran aportar algún antecedente que ayudara al proceso. Ya se habían iniciado los careos, y en forma paralela el ministro Martínez realizaba una inspección ocular al fundo “San Juan”. A las 14:30 horas se trasladaba al lugar en compañía de la secretaria subrogante, los abogados Martita Wörner y Fernando Saldaña, además del médico legista César Reyes y el cura párroco de Laja, Félix Eicher, y algunos voluntarios de la iglesia premunidos de herramientas de trabajo. El objetivo era hacer un rastreo y excavaciones. “Al extraer cierta cantidad de arena apareció un zapato de hombre, por lo que en ese lugar se prosiguió la excavación. A medida que se profundizaba, fueron apareciendo tres zapatos de diferentes tipos, desarmados y un bototo color café con un calcetín de nylon rojo. Una bolsa de fibra blanca que sirve para transportar soda o cal, se apreció a poco más de medio metro de profundidad una capa de cal, luego una botella de pisco vacía en buen estado y otra quebrada. Esta fosa se extendió en unos tres metros de largo más o menos, como tipo trinchera”. La diligencia continuó en otro sector del predio. Tras levantar unas ramas de una antigua explotación de pino, se removió la tierra apareciendo a pocos centímetros trozos de género azul que podrían corresponder a una camisa. También se encontró una peineta de bolsillo, botones posiblemente de un chaquetón, una billetera de plástico sin documentos. “Al seguir cavando, se tropezó con un zapato tipo bototo de seguridad con un calcetín largo de color amarillo. Al examinarlo, el médico apreció que contenía huesos en su interior. Con extremo cuidado, se procedió a agrandar la fosa y apareció el cadáver de una persona. Se ordenó la exhumación y una vez en la superficie, el médico procedió a examinar los restos que correspondían al sexo masculino, de más o menos 30 años, con la dentadura completa y en buen estado. Antes de sacar el cadáver se comprobó que éste estaba amarrado en los pies con un alambre y otro lo tenía a la altura de las rodillas, además se encontraba boca abajo...” A diez metros del camino semi borrado del predio, y siguiendo la dirección de las dos fosas anteriores, se removió un montículo sobre el cual se apreciaba gran cantidad de granos de cal. A poca profundidad apareció un hueso humano, al parecer correspondiente a un antebrazo. También se hallaron botones, una peineta de bolsillo, cuatro pares de zapatos y un par de lentes ópticos con marco café. Se dio la orden de llevar las osamentas y especies encontradas al Instituto Médico Legal de Santiago y poco después de las seis y media de la tarde se dio por concluida la diligencia. El hallazgo rápidamente fue conocido por la prensa, que al día siguiente dio cuenta profusamente del hecho: “En Laja apareció el cadáver 19 amarrado con alambres”, titulaba La Tercera del 19 de octubre.

Los Funerales

Entre el 13 y el 19 de noviembre, el médico legista César Reyes remitió los informes de autopsia de los 19 cuerpos encontrados, con la identificación positiva de la totalidad. Los cráneos de cinco de ellos, y que correspondían a Oscar Sanhueza, Juan Acuña, Luis Ulloa, Wilson Muñoz y Heraldo Muñoz, presentaban orificios de proyectil. Otros nueve presentaban algún tipo de fractura y correspondían a Jorge Lamana, Federico Riquelme, Manuel Becerra, Mario Jara, Fernando Grandón, Rubén Campos, Alfonso Macaya, Juan Jara y Raúl Urra. Los restantes cinco cadáveres no presentaban alteraciones traumáticas y correspondían a Dagoberto Garfias, Juan Villarroel, Luis Araneda, Jorge Zorrilla y Jack Gutiérrez. Culminada la etapa de reconocimiento, a fines de noviembre el ministro Martínez ordenó la entrega de los cuerpos a los familiares. El funeral quedó fijado para el martes 27 de noviembre, después de una misa que a las 10 de la mañana se oficiaría en la Parroquia San José, en Concepción. Pero el temor de que los restos no fueran entregados o se hicieran intentos por hacerlos desaparecer era fuerte. En la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos la inquietud hizo que sus integrantes estuvieran dispuestas a formar una guardia permanente en las puertas de la morgue, hasta que las osamentas fueran entregadas. No fue necesario, recordaría Ester Araneda casi veinte años después. “El doctor César Reyes y también el ministro Martínez nos garantizaron que no habría problemas y así fue”. “Hemos llegado hoy a esta casa de oración para orar con esperanza junto a ustedes, madres, esposas, hijos, familiares de estos seres tan queridos a quienes hoy tenemos -por lo menos- el consuelo de dar cristiana sepultura y ante quienes podremos depositar la ofrenda de una sencilla flor, expresión de nuestro amor y de nuestro dolor... Hemos llegado a pedir que toda la angustia y el sufrimiento de estos seis largos y dolorosos años, no sea estéril...” Ante un templo repleto, las palabras del Obispo Auxiliar, Monseñor Alejandro Goic, resonaron fuertes y emocionadas. A las 10 de la mañana, las 19 urnas habían salido del Instituto Médico Legal y en una caravana de más de quince cuadras fueron llevadas hasta la Iglesia San José para la liturgia de despedida, antes de su entierro final en el Cementerio de Laja. El trayecto fue lento. Acompañado de gritos, de silencio, de mucho dolor. En la parroquia, veinticinco sacerdotes aguardaban. Poco después de las 11 se inició la misa. Había mucha emoción en el recinto que se hizo estrecho para recibir a quienes quisieron acompañar en el dolor a los familiares de los ejecutados de Laja y San Rosendo. Al término de la misa, hubo aplausos y se entonó la Canción Nacional. El cortejo inició entonces su largo viaje a Laja. Allí, a las 16:45, el párroco Félix Eicher ofició la última misa. Terminada la misa, en Laja, el cortejo con cinco carrozas, y centenares de personas, se dirigió al Cementerio. La tarde caía y el calor declinaba. Ya eran cerca de las 20 horas. En su tránsito al camposanto, la columna se detuvo frente a la Subcomisaría de Carabineros. No hubo incidentes. Sólo una joven se encaminó a la unidad policial y gritó “¡asesinos!”. Las urnas fueron sepultadas en una gran tumba, sobre la que se colocó una cruz de tres metros de altura, con la palabra Paz en lo alto y una inscripción donde se lee un verso de Pablo Neruda: “Aunque los pasos toquen/ mil años este sitio/ no borrarán la sangre/ de los que aquí cayeron/ y no se extinguirá la hora / en que caisteis/ aunque miles de voces/ crucen este silencio...”

Incompetencia y Sobreseimiento

Y lo que tanto se había comentado y, de alguna manera también temido, se produjo el 18 de marzo cuando el ministro José Martínez Gaensly se declaró incompetente para seguir conociendo la causa rol 2.770, porque de los informes y declaraciones acumulados durante el proceso pudo concluir que en los hechos denunciados en las querellas “les ha cabido a los funcionarios de carabineros de la Tenencia de Laja , ex teniente Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Renike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúl (de San Rosendo ) y el civil Israel Ormeño, y que se desempeñaban en dicha unidad policial en el mes de septiembre de 1973, una participación inmediata y directa...” por lo cual y según lo dispuesto en el artículo 1º de Código de Justicia Militar, “me declaro incompetente para seguir conociendo este proceso debiendo, en consecuencia, remitírsele a la 1a Fiscalía Militar de Los Angeles por corresponderle su conocimiento”. Por ser agraviante a los derechos de la parte que representaba, la abogada Martita Wörner apeló a la resolución del ministro Martínez, el 24 de marzo. Cuatro días más tarde, el tribunal militar aceptó la competencia declinada y dispuso que la investigación prosiguiera reponiéndose la causa a estado de sumario. Para esos efectos, nombró como fiscal ad-hoc al coronel (J) de Carabineros Gustavo Villagrán y como secretario al mayor (J) de Ejército, Alejandro Abuter Campos, asignándosele a la causa el rol Nº 323-80. Poco demoró el Tercer Juzgado Militar de Concepción en decretar el sobreseimiento de la causa. Lo hizo con fecha 9 de junio de 1980, tras conocer y aprobar el dictamen 16-80 del 20 de mayo, emitido por el fiscal ad hoc. Tras reconocer que las 19 personas mencionadas en la querella fueron detenidas en los días posteriores al golpe militar y que tras permanecer en la Tenencia de Laja, sus cuerpos fueron sepultados en el fundo “San Juan” y aunque no pudo determinarse la causa precisa de sus muertes, “ellas habrían sido producto de actos de terceros, con lo cual se tipificaría la figura delictiva de homicidio”, lo cierto es que según el tribunal militar “en el proceso no existen indicios legales suficientes que permitan individualizar a los posibles autores, cómplices o encubridores de las referidas muertes”. Consecuente con lo anterior -prosigue el dictamen- “los funcionarios policiales de la Tenencia de Laja, el de la Tenencia de San Rosendo y el civil Israel Ormeño Stuardo, no fueron encargados reos o sometidos a proceso en calidad de autores, cómplices o encubridores por los hechos investigados”. Por ello e invocando la ley de Amnistía establecida en el decreto ley Nº 2.191 de 1978, el Juzgado Militar sobreseyó total y definitivamente a los trece funcionarios y a un civil “por haberse extinguido sus eventuales responsabilidades penales en los hechos investigados al favorecerles la amnistía...” Algo más tramitadora fue la respuesta del ministro Martínez a la apelación presentada por la parte querellante respecto de su declaración de incompetencia. Recién el 4 de agosto resolvió la solicitud, indicando que “no es de aquellas que causan gravamen irreparable y grave y, teniendo además presente el estado de la causa y lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, no ha lugar a conceder el recurso de apelación... Devuélvanse los antecedentes a la Justicia Militar”. Finalmente, y pese a la apelación presentada por la parte querellante, el 3 de diciembre de 1981, la Corte Marcial confirmó la resolución del Tercer Juzgado Militar de Concepción, sobreseyendo definitivamente la causa.

Fuentes:

www.piensachile.com

www.memoriaviva.cl

www.tribunadelbiobio.cl

www.mapuexpress.org

Informe Rettig

Informe Valech

“No hay dolor inútil”

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